El Global Power Shift Venezuela es una coalición de organizaciones ambientalistas de Venezuela que surge como parte del Global Power Shift, movimiento que nació cuando más de 500 jóvenes de distintos países del mundo se dieron cita en Estambul para determinar a través de qué mecanismos podían enfrentarse al cambio climático, bien sea adaptándose, erradicar o mitigar los efectos del cambio climático.
Además
de la contaminación de los ríos señalados, para practicar la actividad minera
también se deben talar gran cantidad de árboles para la extracción del oro, coltán
y diamantes, pues se debe talar gran
cantidad de árboles para hacer las minas y la madera es utilizada ilícitamente
para la elaboración de nuevos poblados para los mineros, trayendo como
consecuencia la deforestación de grandes extensiones boscosas. El decreto en
cuestión hace una delimitación para la explotación minera que ocupa un 12% del
territorio nacional, del cual gran parte de su extensión son zonas boscosas,
poniendo en peligro esos bosques y a todas las especies (fauna y flora) del
área.
La
tala de árboles trae graves consecuencias al ambiente, afecta el clima y sobre
todo acelera el calentamiento global, ya que una de
las funciones más importantes de los árboles es su capacidad para la
evapo-transpiración de agua a través de sus hojas, ese vapor asciende y posteriormente
se condensa formando de esa forma las nubes que posteriormente caen como lluvia alimentando a otras plantas
que a la larga serán árboles. Además en el proceso de vida de los árboles,
éstos dejan caer varias hojas las cuales se pudren en el suelo enriqueciéndolo
de los nutrientes que son reciclados rápidamente por las bacterias del terreno.
Es decir, si se eliminan los árboles no habrá hojas que cumplan el proceso de
evapo-transpiración y cesarán las lluvias, trayendo al mismo tiempo como
consecuencia una fuerte sequía y por lo tanto la erosión de los suelos y la
zona que solía ser boscosa, será un desierto.
Basado en estos acontecimientos en la historia donde se termina con la
extinción de especies o razas el 15 de octubre de 1978, fue aprobada por la
Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), y posteriormente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Crea la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES que es solo un
marco general para que los países creen sus propios ordenamientos jurídicos,
que en el caso de Venezuela es la LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LA FAUNA DOMÉSTICA
LIBRE Y EN CAUTIVERIO el cual vela por la protección de todos los animales en
el territorio nacional, estando completada por las diferentes ordenanzas
municipales que la misma ley ordena crear, y un apoyo por parte del CÓDIGO
PENAL; estos tres cuerpos legales velan por la protección de los animales de
cualquier tipo ya sean salvajes o domésticos, pero hay un caso al que se le
debe dar a la situaciones que se presentan con los animales de compañía mejor denominadas
como mascotas, principalmente por causa de la situación económica que está
pasando nuestro país, donde por el alto costo de la vida y por la escasez de
productos se está viendo un aumento en el abandono de mascotas y como una
consecuencia indirecta de esto un aumento aún mayor en los casos de maltrato de
los anímales de compañía, siendo este aumento del abandono de mascotas por
falta de responsabilidad por parte de sus dueños y de un desconocimientos de
los métodos alimenticios alternativos que pueden suplementar a los alimentos
comprimidos que mantiene la buena salud de las mascotas y que son una buena
opción.
Ahora con éste #Ecocidio el Gobierno pretende sustituir la Renta Petrolera por una Renta Minera, con la diferencia de que el petróleo es nuestro(extraído por PDVSA empresa nacional), mientras que los minerales serán extraídos por empresas extranjeras que no se preocuparán por mitigar el impacto ambiental, su norte al contrario será extraer más y más minerales destruyendo nuestro pulmón natural, dañando la pachamama, tierra y agua sagrada de nuestro país. Imagínense si PDVSA siendo una empresa nacional ha generado tantos daños a su propia tierra, ¿cuantos daños van a generar estas más de 150 empresas extranjeras de más de 33 países del mundo que podrán destruir nuestra tierra libremente para sacar minerales? 
En palabras del ambientalista UNSHELM BÁEZ: “Hoy, los bosques venezolanos del Orinoco y Amazonas, -donde están las mayores reservas de agua del país-, son devastados, como nunca, por los nocivos efectos de las actividades mineras ilegales de la zona. Con este “Arco Minero”, se profundizará la crisis socioambiental de Guayana"."El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana; con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica,multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho ala vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad..."
Con se puede ver, el preámbulo constitucional, reconoce el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad, pero el decreto presidencial no señala el impacto ambiental que la activación del Arco Minero del Orinoco generará en el Parque Nacional Canaima, declarado patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y al generar daños como en efecto lo hará, atenta contra el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos que son reconocidos por la constitución como patrimonio común e irrenunciable, independientemente de los beneficios económicos que eso genere. Además se atenta también contra el artículo 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que expone: "...Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica".
"Artículo 128. El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana. Una ley orgánica desarrollará los principios y criterios para este ordenamiento".
"Gregorio Mirabal, coordinador general de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas (ORPIA) expresó el rechazo y la preocupación de las organizaciones y comunidades indígenas de la Amazonía venezolana ante la reactivación del plan Arco Minero del Orinoco, y la entrega de concesiones a empresas nacionales y transnacionales para la exploración y explotación de oro, coltán, bauxita y otros minerales, en territorios habitados ancestralmente por los pueblos originarios, violando el derecho a la consulta previa, libre e informada y amenazando el hábitat, la cultura y los modos de vida de los pueblos indígenas". Página Web
